Escrito por: Christian Soto Torres, Presidente del Consejo Directivo de Impacta
El sector educación requiere que se consideren criterios técnicos en la toma de decisión, se defiendan los pequeños avances logrados en las dos últimas décadas y se busque el beneficio de los estudiantes antes que todo.
El profundo daño que se ha venido infligiendo de manera sistemática al sector educación en todas sus etapas formativas está llegando a niveles alarmantes. Desde la reincorporación de 14 mil docentes cesados en 2014 por desaprobar pruebas en la carrera pública magisterial[1], hasta el Proyecto de Ley N° 5805/2023-CR, que incluye, entre otras medidas, otorgar licencia institucional a universidades, sea de carácter permanente e indefinida, eliminando así la renovación de licencia. Todas estas iniciativas parecen obedecer a intereses particulares y no a las demandas reales del sector para la mejora de la calidad educativa, generando un perjuicio significativo a todas y todos los estudiantes del país.
El dictamen aprobado recientemente por la Comisión de Educación del Congreso de la República[2], mediante el cual se restituye docentes interinos cesados, no solo genera un gasto innecesario en el erario, sino también atenta contra la meritocracia en general y los pequeños avances en materia docente que se han tenido en los últimos años. Algunas personas que apoyan esta iniciativa precisan que, para ser repuestos, estos docentes deben rendir pruebas adicionales o acreditar horas de preparación. Sin embargo, ya existen alrededor de 100 mil docentes, de acuerdo a las últimas cifras del examen de ascenso docente[3], que enfrentan una prueba para poder entrar y ascender ordenadamente de modo meritocrático. Sin duda, hay muchas mejoras que realizar, pero lo peor que se puede hacer es patear el tablero e ignorar todo lo avanzado.
Asimismo, el proyecto de ley que elimina el proceso ordenado de renovación de licencia institucional en las universidades del país[4] demuestra un profundo desconocimiento del sistema educativo universitario, lo cual se basa en dos motivos principales. En primer lugar, existen diferencias notables entre universidades licenciadas, debido a que no todas se encuentran preparadas para el proceso de renovación de licencia; y en ese sentido, las menos preparadas deberán aplicar planes de emergencia y priorizar procesos de financiamiento que permitan mejorar sus estándares de calidad. En segundo lugar, no se considera el impacto de los procesos de licenciamiento en las universidades con menor capacidad administrativa o nivel educativo, sean públicas o privadas, que activan procesos internos de ordenamiento, inversiones y/o académicos para prepararse para este proceso de evaluación. Este trabajo ya no será posible si es que el proceso de renovación no es temporal y previsible, características que permitirían una correcta planificación de actividades al interior de las universidades.
En línea con lo anterior, la renovación de licencia es un proceso que obliga a las universidades, al Ministerio de Educación (Minedu) y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a actuar en el marco de la mejora continua. Además, hace que las oficinas de calidad o licenciamiento de las universidades ejecuten estrategias para la mejora de sus indicadores; prioriza presupuesto para las universidades con menor desempeño institucional para su mejora e impulsa, ante el peligro de no cumplir con la renovación en universidades públicas, la activación de planes de emergencia para coadyuvar el cambio institucional en estas casas de estudios. Todo el sistema, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), toma como referencia para sus acciones estratégicas el marco de la renovación de licencia que hoy se quiere hacer optativo y no obligatorio.
En última instancia, es crucial destacar el rol activo que el Estado y la ciudadanía deben desempeñar en situaciones como la actual. En efecto, el Minedu, cuyo rol rector requiere estar siempre basado en criterios técnicos en materia educativa, debe estar preparado para el debate legal de estas iniciativas, pero también para el debate técnico, levantando la mano cuando se requiera definir estrategias, rutas o prioridades en los diferentes niveles educativos evaluados. Por su parte, la ciudadanía debe ejercer su rol principal en nuestra democracia, el de participar de ella activamente, cumplir con su vigilancia respecto a las instituciones públicas y ciertas políticas como la reforma de la educación superior universitaria o la defensa de la carrera pública magisterial es fundamental para sostenerlas en el tiempo. Sin entender nuestro rol preponderante en la sociedad peruana, defendiendo reformas prioritarias o reclamando el bien común antes que el beneficio particular de algunos, no saldremos de este escenario caótico donde no parece haber un rumbo claro.
[2] Proyecto de ley N° 0761/2021-CR. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/search
[4] Proyecto de ley N° 5805/2023-CR. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTI1ODEw/pdf/PL0580520230901
